¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El proceso de creación del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto será sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso es de vital importancia conocerlos.

Fueron acordados el 25 de setiembre de 2015, en el marco de Asamblea General número 70 de las Naciones Unidas. También se les llama Agenda Post 2015, pues es la continuación de Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), y es el fruto de lo acordado en 2012 en Río+20, la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible.

Estos 17 objetivos busca instar a todos los países, sin importar su nivel de ingreso, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Es decir, se reconoce que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente, como el mismo sitio lo señala.

ODS

Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que ayudan a orientar el tipo de acciones que pueden llevarse a cabo, por ejemplo, en el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, implica como requisito para su permanencia, trabajar con la sociedad civil para desarrollar un plan de acción, proceso para el cual se han publicado  nuevos estándares de participación y cocreación.

La Comisión Nacional por un Gobierno Abierto,  foro multisectorial de consulta permanente, acordó, en aras de definir qué es realmente factible en los próximos dos años, buscando un plan de pocos compromisos que permita un mejor seguimiento y ejecución,  y los compromisos que el país ya ha asumido, priorizar 5 de los 17 objetivos.

ODS priorizados

Actualmente está abierta la invitación para participar de este proceso. Esta invitación se extiende a todos los sectores interesados en los temas que se abordarán, principalmente a organizaciones de sociedad civil cuyos objetivos se enmarquen en esos ejes, así como a todas las personas que deseen vincularse a este proceso. El único requisito es tener disponibilidad para asistir a todas las fechas previstas e inscribirse en este formulario.

Comunicado de la Alianza para la Asamblea Abierta ante elección del presidente del Directorio Legislativo 2017-2018

  • La Alianza para una Asamblea Abierta considera un retroceso para la agenda de Parlamento Abierto la elección del diputado Gonzalo Ramírez como presidente del directorio legislativo 2017-2018.

San José, Costa Rica, mayo 2017-   Las organizaciones miembros de la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA) expresamos nuestro malestar por la decisión de los y las diputadas de elegir al señor Gonzalo Ramírez como presidente del Directorio Legislativo 2017-2018 y el riesgo que eso significa para el fortalecimiento de la agenda de Parlamento Abierto.   

Desde esta alianza de sociedad civil hemos impulsado y apoyado  las acciones para transparentar la gestión legislativa en Costa Rica por medio de los Planes de Acción de Parlamento Abierta, siendo testigos del desinterés y la ausencia de voluntad política del recién electo presidente del Directorio Legislativo, quien como coordinador de la Comisión de Parlamento Abierto, tuvo un accionar obstaculizador en pro de impulsar la implementación del II Plan de Acción de Parlamento Abierto, irrespetando el trabajo realizado por dicha comisión.

Es vergonzoso que en las negociaciones políticas, las fracciones y especialmente los jefes de fracción no tomen como prioritario para la elección de los puestos del directorio legislativo, perfiles de diputadas y diputados que aboguen por una mayor transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Lamentamos que diputados que conocen la importancia de que el directorio legislativo esté alineado con este tema no sean consecuentes a la hora de elegir a sus miembros. Más aún diputados como Rafael Ortiz, Karla Prendas, Antonio Álvarez Desanti que en instancias internacionales se han dado el permiso de hablar sobre su voluntad hacia la apertura parlamentaria.

Exhortamos a las diputadas y los diputados que no avalaron esta decisión, a las organizaciones de sociedad civil vinculadas a los esfuerzos de Estado Abierto y a la ciudadanía en general, a mantener su vigilancia y redoblar esfuerzos porque el Poder Legislativo, no se aparte de la decisión nacional de avanzar hacia la apertura.

alianza-logo

 

Descargar: ComunicadoAAA1mayo17

Comentarios al texto de la propuesta de ley de acceso a la información pública

Con relación al texto de la propuesta de ley de acceso a la información pública, sometido a consulta hasta el día de ayer, SOCIEDAD CIVIL ABRIENDO DATOS COSTA RICA manifiesta:

Ley de acceso

El derecho de acceso a la información pública reviste enorme importancia, como llave para acceder a otros derechos humanos fundamentales y por lo tanto debe ser fortalecido y ampliado.

Con tal propósito en mente la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, en la que tenemos participación, pasó por un proceso de análisis concienzudo, basado en documentación y en las mejores prácticas, experiencias e instrumentos internacionales, del proyecto de ley que redactó el Poder Ejecutivo.

Eso dio como resultado observaciones que en su mayoría fueron de consenso, aunque hay puntos en los que esto no se logró, quedando posiciones e intereses por discutir y acoplar.

Queremos reconocer la permanente buena voluntad de todos los miembros de la Comisión en tal tarea, así como la disposición que encontramos en la Presidencia de la República de someter su proyecto a una discusión equitativa y libre.

En el proceso se tomó la decisión de no redactar un texto concreto, pues es sabido que lo que saliera de la Comisión, luego redactado finalmente por la Presidencia de la República y en la discusión legislativa, sufrirá reformas, sino que se prefirió poner en discusión los principios, estrategias y garantías mínimas y básicas que deben de asegurarse en una discusión nacional sobre la mejor forma de garantizar el efectivo cumplimiento y ejercicio de este derecho.

El espíritu de este proyecto debe ser el de fortalecer el derecho humano fundamental de acceso a la información pública y no debe contemplar menos de las garantías existentes en la actualidad. En este sentido durante este proceso de revisión se recomendó revisar la legislación vigente y la jurisprudencia constitucional, sin que esto significara que lo existente no pudiera ser mejorado para garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho. Igualmente, recomendamos valorar las leyes y experiencias de otros países, así como analizar y en lo posible atender todas las recomendaciones que han hecho organismos internacionales como la OEA y la OCDE.

En su momento, dejamos claro que, ya que la decisión final sobre el contenido y redacción del texto que se enviara a la Asamblea Legislativa sería potestad de la Presidencia de la República, nos reservamos el derecho de revisar, realizar las observaciones y manifestar los desacuerdos que consideremos oportunos cuando dicho texto fuera conocido.

En aras de que conste nuestra posición durante la discusión sostenida en el seno de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto y las observaciones surgidas ante la revisión del proyecto finalmente presentado ante la opinión pública, consignamos a continuación lo siguiente:

Artículo 1

El contenido es correcto en cuanto a que define el derecho como uno fundamental para cualquier persona. Sin embargo, debe clarificarse si es objetivo, objeto o naturaleza, desde la perspectiva de una correcta técnica legislativa de redacción. Indicamos, además, la conveniencia de sustituir “todos los individuos” por “todas las personas”, en aras de un espíritu inclusivo.

Artículo 3

Los principios deben de definirse con claridad. En el curso de la discusión se decidió acoger principios de la ley de Telecomunicaciones, sin embargo, si no se especifican, parece no tener sentido por ejemplo la neutralidad. En este sentido, se acordó tomar los principios de Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas, del Plan Nacional de Desarrollo.

Con relación al principio de máxima divulgación, el tema se trató y lo que se desea referir y nuestra organización apoya es la máxima divulgación y publicidad, no necesariamente cargar al Estado con una orden de publicación masiva inmediata (ver artículo 2 de la Ley Modelo de la OEA).

Asimismo, recomendamos mantener el principio de interoperabilidad, base de los formatos abiertos abiertos, tal y como se discutió en el seno de la Comisión.

Artículo 4

Inciso 1: Eliminar la definición de autoridad pública y que permanezca la de sujetos obligados según se consensuó y se indica en el siguiente artículo. Esto por cuanto se consideró más amplia.

Inciso 3: Debe referir al artículo 5, inciso 2 y no al artículo 3, como erróneamente se consigna.

Inciso 4: Debe hablarse de información pública y no de acceso público, ya que el acceso a la información pública es el objeto de esta ley. Resulta de gran importancia y valor si tal concepto se define por esta ley.

Inciso 6: Eliminar el concepto de terceros interesados, por las razones que se indican más adelante.

Artículo 5

Recomendamos mantener el texto consensuado en Comisión, para los sujetos obligados, sustituyendo el texto contenido en el proyecto:

Las disposiciones de esta ley son aplicables a la Administración Pública, central y descentralizada; los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas; instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, las sociedades mercantiles propiedad del Estado, entes públicos no estatales, municipalidades, universidades estatales respetando su principio de autonomía, empresas públicas y todo otro ente de naturaleza pública o privada que administre recursos públicos.

Además, consideramos debe agregarse que los sujetos de derecho privado también están cubiertos por esta ley cuando ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública, de forma permanente o temporal.

Artículo 6

Es conveniente unificar términos pues aquí se habla de información de acceso público, mientras que en otros artículos como el 1, en la naturaleza; el 2, de los objetivos; el 3 de los principios rectores , se habla de información pública, cuyo acceso es el objeto de esta ley.

Artículo 7

Inciso 6: Es conveniente aclarar que la reproducción digital es gratuita y que el costo aplica únicamente si hay reproducción y envío físicos.

Artículo 8

El texto consensuado por la Comisión, se refiere al Estado y no de la Administración Pública.

Se sugiere el uso de “sujetos obligados”.

Artículo 9

El texto consensuado por la Comisión, indica:

Toda autoridad pública deberá contar con los medios de difusión e información digital en formatos abiertos, interoperables y accesibles a través de internet, necesarios para publicar la información de divulgación oficiosa.

Agregamos que este texto debe clarificarse, ya que con esta redacción se estaría regulando como abierto el medio (por ejemplo una plataforma) y no la información (datos, por ejemplo), que es lo que debería ser en formato abierto, sin duda.

Recomendamos, sustituir en dicho texto, “autoridad pública” por “sujetos obligados”.

Además, deben contemplarse los medios analógicos al mismo nivel, que deberán ser obligatorios para cubrir a la población que no cuenta con el adecuado acceso digital.

Artículo 10

Enunciado: Agregar que la información a publicar proactivamente debe estar constantemente actualizada.

Inciso 3: Directorio institucional con los respectivos medios de contacto.

Inciso 7: Sustituir “forma” por “informes”.

Inciso 13: Además de los informes de auditoría, incluir los informes de cumplimiento de sus recomendaciones, dando así continuidad a los avances realizados en el compromiso 9 de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.

Inciso 16: recomendamos cambiar “relacionada con” por “detallada de”, para evitar que la publicación sea antojadiza.

Inciso 17: recomendamos cambiar “o portal” por “u otro medio digital” e incluir la exigencia de que en todo caso, se expida un recibido completo.

Artículo 11

En el texto propuesto, tal como se señala en anteriores: recomendamos sustituir “Administración Pública” por “sujetos obligados.

Ahora bien, con relación a la propuesta de que sea la Defensoría de los Habitantes de la República, esta fue una solución de consenso en el seno de la Comisión, pero desde nuestra organización queremos dejar claro que sostenemos que debe de crearse un órgano garante a cargo de la promoción y seguimiento del cumplimiento efectivo de este derecho. Se hizo ya con la PRODHAB y la protección de la persona ante el tratamiento de sus datos personales, que es un tema derivado del derecho de acceso a la información. Tanto la protección de la privacidad como el acceso a la información pública tienen rango constitucional y merecen el mismo tipo de tratamiento y promoción como derechos que son. Reiteradamente la OEA y otros entes como OCDE han insistido en la importancia del órgano garante. La ausencia de un un ente especializado, autónomo, independiente y con recursos, puede ser la causa de un cumplimiento precario del derecho de acceso a la información, como ha sido demostrado en la experiencia internacional.

En todo caso, para que la Defensoría pueda cumplir con todas las funciones que se requieren para un órgano garante, debería reformarse su ley y además dotarla de recursos, lo que igualmente repercute en las finanzas estatales.

Los órganos garantes, tienen muchas más funciones que la vigilancia de la publicación proactiva, otorgada en la propuesta a la Defensoría y se han tipificado como sigue:

  • Recibir y revisar quejas de solicitantes
  • Revisar excepciones
  • Ordenar la liberación de información (obligatoria)
  • Monitoreo y promoción de la implementación
  • Monitoreo de transparencia activa
  • Capacitación de funcionarios públicos
  • Guía para las autoridades sobre la interpretación de la ley
  • Concienciación del público
  • Asistencia a solicitantes
  • Recoger información y reportar sobre la implementación (estadísticas)
  • Recomendaciones sobre legislación existente y propuesta

Tomando en cuenta estas funciones, el rol otorgado a la Defensoría es insuficiente y las potestades que más adelante se confieren a las Oficialías de Acceso a la Información, serían cuestionables por estar estas bajo la autoridad de los  mismos sujetos obligados.

Artículo 13

Con relación a las excepciones y analizados los textos en el seno de la Comisión, el consenso fue recomendar no incurrir en la creación de ninguna excepción nueva al acceso a la información, con el fin de no perder lo que se ha ganado en la aplicación de los principios constitucionales.

Lo que se acordó fue, expresamente señalar que:  las únicas excepciones a este derecho son las fundadas en leyes o en la constitución (y su interpretación por medio de la Sala Constitucional).

Desde nuestra organización, respaldamos y mantenemos esta posición pues consideramos que el ser taxativos puede generar la creación de nuevas excepciones, así como la omisión de algunas que pudieran estar contenidas en normativa vigente.

Igualmente, el posible rechazo por esas causales debe de regularse, indicando que “Cuando la información solicitada corresponda al régimen de excepciones, el sujeto pasivo deberá rechazar la entrega de lo requerido con la debida fundamentación y demostración de que la información solicitada está sujeta a las excepciones reguladas. “

Artículo 14

El requerimiento de identificación de la persona que hace la solicitud es un punto en el que nuestra organización mantiene la tesis de que esto no se debe presentar. Si la información es pública y el derecho de acceso es para cualquier persona, saber quién la solicita carece de relevancia para la solicitud, y más bien puede prestarse para calificaciones personales o para exponer a las personas solicitantes. El temor de que sea atacado un portal de peticiones por una herramienta informática automatizada puede ser evitable con adecuadas medidas de seguridad del sitio.

La OEA en su ley modelo sugiere que para la solicitud de acceso se requiera lo siguiente:

  1. (1) Una solicitud de información deberá contener los siguientes datos:
  2. a) información de contacto para recibir notificaciones así como la información solicitada;
  3. b) una descripción suficientemente precisa de la información solicitada para permitir que la información sea ubicada; y
  4. c) la forma preferida de entrega de la información solicitada.

 

Para mayor claridad expresa en el comentario a ese artículo que: El solicitante no necesita dar su nombre en la solicitud de información.

En este sentido también es importante revisar la experiencia internacional de México y Chile, ambos con leyes que solamente señalan la necesidad de identificarse con un nombre, únicamente para saber a quién referirse en la respuesta. Mantenemos nuestra posición de que el deber de identificarse puede ser causa de discriminación, pérdida de privacidad y es innecesario ante información pública accesible para cualquier persona. Este es un requisito que inclusive fue evitado en el Decreto de Acceso a la Información Pública recientemente sometido a consulta por la Presidencia de la República.

En el caso de la firma, debe tenerse presente que algunos medios electrónicos no permiten el uso de la firma digital. Además, el uso extendido de la misma es algo de lo que nuestro país está lejos y aun cuando así fuera, solicitar este requisito generaría exclusión de quienes no tienen acceso a ella. Finalmente, si se establece la posibilidad de realizar peticiones orales, esto no puede aplicar.

Artículo 16

El artículo al que hace referencia el segundo párrafo, es el 21 y no el 20, como erróneamente se consigna.

Artículo 17

No indica qué hacer cuando la institución no sabe a quién le corresponde cumplir la petición sin que signifique únicamente denegar la petición. Correspondería  al ente garante, en este caso, la Defensoría de los Habitantes.

Dado que el acceso a la información pública es un derecho ciudadano y que la ley busca su cumplimiento efectivo y las facilidades para su ejercicio, debería contemplarse la obligación de informar al solicitante cuando se aplique lo que posibilita este artículo, garantizando así el cumplimiento del derecho contar con información que permita la trazabilidad del trámite de su petición.

Artículo 18

El tema de los terceros interesados, aunque se contempla en la misma ley modelo OEA, cuando fue revisado en Comisión, se acordó recomendar que fuera retirado por cuanto podría exponer a la persona solicitante al dar aviso al tercero interesado de que alguien está requiriendo información relacionada con él (piénsese en investigaciones periodísticas, por ejemplo), y que el tercero, si de datos personales se trata, podría perder su derecho legal por un plazo administrativo sin autoridad judicial de por medio.

Artículo 19

Dado que no se contempla que esta ley tenga un órgano garante con todas las funciones requeridas para que sea un instrumento eficiente, consideramos insuficiente y limitada la función que se establece para las Oficialías de Acceso a la Información.

De propuesta de Decreto Acceso a la Información, recientemente sometido a consulta pública, se toman las siguientes, que deberían ser incluidas también en la ley:

Artículo 8°.- Designación del Oficial de Acceso a la Información. Cada jerarca institucional deberá designar en su dependencia a un Oficial de Acceso a la Información, en adelante OAI. Dicha designación recaerá sobre el Contralor de Servicios respectivo, o en su defecto, sobre otro funcionario de la institución competente para desempeñar las funciones dispuestas en el artículo 9° de este Decreto.

Artículo 9°.- Funciones. El OAI tendrá las siguientes funciones:

a- Fungir como asesor de la Administración y los administrados en los mecanismos que regula este decreto.

b- Atender las quejas o sugerencias de las personas que se sientan afectadas por conductas administrativas que obstaculicen o impidan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

c- Incluir un apartado en su informe anual de labores con datos estadísticos y acciones emprendidas en esta materia.

d- Proponer al jerarca institucional todo tipo de recomendaciones de mejora en materia de la gestión institucional de cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública.

e- Colaborar en la promoción de la publicación oficiosa de la información pública en el ámbito institucional.

Artículo 10.- Cada jerarca institucional deberá brindar los medios y facilidades pertinentes para que el OAI puede efectuar sus funciones en forma adecuada.

Artículo 20

Debemos enfatizar la importancia de que se garantice que en ningún caso la petición de información puede tener costo. Y en cuanto al suministro de información, en ningún caso la información NO procesada y en formato digital, puede tenerlo. En caso de que deba reproducirse en físico (papel) podrá cobrarse únicamente los costos de reproducción y envío.

Artículo 22

En el primer párrafo: No nos queda claro cuál puede ser la participación de los derechos de autor en materia de información pública, la cual como su concepto mismo lo indica, no debería estar restringida más que por el régimen de excepciones.  

Adicionalmente, debe quedar claro en el texto que el suministro de información puede ser en el formato solicitado salvo que ese formato no esté disponible para el sujeto obligado. En ese caso se le indicarán los formatos disponibles para que sea a elección de la persona solicitante.

En el segundo párrafo, agregar luego de “Si la información solicitada es de gran volumen”, la aclaración  “y no existen medios para transmitirla o entregarla”.

Artículo 25

El título debería ser “Rechazo de la solicitud”. No es la información lo que rechaza.

Artículo 27

Nos preocupa el hecho de que se plantea un sistema de recursos y defensa administrativa, sin que haya un ente garante a cargo, que apoye en esa gestión. Recursos administrativos ante el mismo ente pueden más bien ser una barrera para el acceso a la justicia.

Artículo 29

En principio consideramos que es correcta la referencia al régimen disciplinario de cada ente, sin embargo, debe tomarse en cuenta que ya existe una pena económica en el artículo 13 de la ley 9097 (El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual). Perfectamente puede ampliarse esta sanción para cubrir no sólo las peticiones puras y simples sino el incumplimiento de los deberes de garantía del efectivo ejercicio de este derecho. En todo caso falta indicar que el ente garante deberá interponer los procesos respectivos, darles seguimiento como parte e informar al solicitante de la resolución final.

Artículo 30

Se considera la mejor forma de abordar la sanción a particulares que ejerzan potestades o funciones públicas o que tengan a su cargo recursos públicos, sea dentro de las reglas de la delegación de esa potestad o encargo de esos recursos, en la figura del órgano fiscalizador. Claro que igualmente debe de indicarse que el ente garante deberá interponer los procesos respectivos, darles seguimiento como parte e informar al solicitante de la resolución final.

San José, Costa Rica, 18 de abril de 2017.

Ignacio Alfaro Marín

Susana Soto González

SOCIEDAD CIVIL ABRIENDO DATOS COSTA RICA

 

Parlamento Abierto en Costa Rica: comunicado de la Alianza para la Asamblea Abierta

 

  • El actual Directorio Legislativo 2016- 2017, no ha dado un respaldo adecuado para la implementación del segundo plan de acción sobre Parlamento Abierto.
  • Un Parlamento Abierto es aquel que suma la decisión de la parte política a la colaboración con sectores como la academia y sociedad civil, para así implementar mejoras permanentes que, desde lo administrativo, procuren una nueva relación con la población.

 

San José, Costa Rica, marzo 2017-   Hoy jueves arranca oficialmente en Costa Rica el Segundo Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, una gran oportunidad para reforzar los pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los órganos legislativos que integran esa red, entre ellos, el del país. Para la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA), un colectivo de organizaciones de sociedad civil que desde junio del 2015 ha venido impulsando la agenda de Parlamento Abierto en Costa Rica este evento es una oportunidad para compartir el estado de esta agenda en el país.

Como alianza, hemos ha tenido la oportunidad de participar  en la elaboración e implementación  de los dos planes de acción de parlamento abierto de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el primer plan de acción se implementó en el período 2015-2016, con el apoyo e impulso del Directorio Político y de la Dirección Ejecutiva de la institución y permitió desarrollar acciones que resultaron en mejoras que influyeron en el hecho de que la Asamblea Legislativa se posicionara en el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativo 2016.

El segundo plan, co-creado durante el año 2016, mediante un proceso que contó con la participación de diputados y diputadas, personal administrativo e integrantes de la AAA, desarrollado en el marco de la Comisión de Parlamento Abierto, fue aprobado por el Directorio Legislativo desde el 6 de setiembre de 2016 con miras al inicio inmediato de su implementación. Sin embargo, no se ha contado con el impulso y apoyo requeridos desde el Directorio Político 2016-2017. El respaldo ha sido débil, confuso y con desgano, mostrando poco interés en la agenda de Parlamento Abierto y en asumir la coordinación de la comisión del mismo nombre, creada por este órgano para construir y gestionar las propuestas del plan.

Debe recordarse, que un parlamento abierto es aquel que suma la decisión de la parte política a la colaboración con sectores como la academia y sociedad civil, para implementar mejoras permanentes que, desde lo administrativo procuren una nueva relación con las personas. No podemos, definitivamente, hablar de parlamento abierto, si las personas que ostentan el cargo de diputados y diputadas, no asumen un rol de liderazgo y compromiso.

La Alianza para la Asamblea Abierta hace un llamado al Directorio Legislativo a comprometer su apoyo en la ejecución de la mayor cantidad de actividades contempladas en el segundo Plan de Parlamento Abierto y a promover la continuidad de un proceso más amplio que permita trascender su período; asimismo, reafirma su interés de continuar siendo contraparte del Poder Legislativo en los esfuerzos hacia una mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de cara a la elaboración del tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto.

María Fernanda Avendaño Mora

Coordinación Alianza para una Asamblea Abierta

alianza-asamblea-abierta@googlegroups.com

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Política de Datos Abiertos a consulta

Uno de los 18 compromisos que forman el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Costa Rica es la Política de Apertura de Datos, cuyo objetivo es “Establecer las bases técnicas y normativas que permitan la apertura de datos, considerando: frecuencia de publicación, neutralidad tecnológica, interoperabilidad de los datos, y estrategias de comunicación con los distintos actores sociales, para establecer los formatos y contenidos mínimos, que aseguren el acceso y comprensión de la información brindada al usuario.”

El decreto que crea esa política fue trabajado de una manera muy colaborativa. Iniciamos con una mesas de diálogo, apoyadas por especialistas de OEA, en las que academia, sociedad civil, empresa y gobierno conversamos sobre los aspectos más importantes que debía contemplar.

Además se contó con el apoyo de la Fundación Trust para las Américas para recibir una consultoría con la especialista argentina Dra. Silvana Fumega, quien se reunió con actores claves, revisó el trabajo hecho e hizo aportes muy importantes.

La consolidación de estos insumos correspondió a un grupo de trabajo que presentó una propuesta final a la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, la que luego de ser aprobada, es puesta en consulta a la ciudadanía.

Los principales aspectos de este decreto son:

  • Busca establecer lineamientos técnicos para la publicación de datos abiertos, a la vez que detalla estrategias para asegurar la creación colaborativa y sentar las bases para que la publicación de datos sea una actividad ordinaria y permanente de la Administración Pública.
  • Incorpora principios como la no discriminación en el acceso, y la interoperabilidad de los conjuntos de datos.
  • Establece una estructura de gobernanza conformada por Comisión Nacional de Datos Abiertos, una Unidad Ejecutora de la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos y el Grupo de Enlaces Institucionales para la Apertura de Datos Públicos, para asegurar, además de la permanente co-creación, mejores elementos para una sostenibilidad política de la publicación de datos.
  • Establece un esquema de trabajo por medio de Planes de Acción que cada institución deberá formular y ejecutar, para avanzar en la publicación de datos abiertos.
  • Detalla los requerimientos mínimos para un proceso de apertura de datos, de forma que siendo integral, asegure mayores posibilidades de éxito en la utilización de los datos, y no se quede en la mera publicación de datos construidos a espaldas de las personas usuarias de ellos.
  • Reafirma la necesaria protección de la privacidad de aquellos datos que la requieran, y la sujeción a licencias abiertas de uso para esos datos.
  • Reconoce la conveniencia de una aplicación progresiva pues el ecosistema de datos abiertos entiende que estas iniciativas tienen esas dinámica de crecimiento.
  • Enlista una serie de datos mínimos que deben de ser publicados proactivamente por las instituciones obligadas, en un plazo de noventa días.

Estará abierto a comentarios hasta el día 7 de marzo de 2017 en este enlace.

Panorama del Estado Abierto en Costa Rica

El día 25 de noviembre de 2015, los presidentes de los cuatro Poderes de las República de Costa Rica firmaron una declaración en la que se comprometieron con la construcción de un Estado Abierto.

A casi un año de ese hecho, ¿dónde se encuentra cada uno?

1.- Poder Judicial

Trabaja el eje de Participación Ciudadana por medio de la Política de Participación Ciudadana, aprobada en julio de 2015 (guía), cuya divulgación es un compromiso del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Actualmente se encuentra además avanzando además en dos proyectos concretos:

  • Plan piloto para un proceso integral de publicación de datos: como seguimiento al Plan de Acción y con el apoyo de la Fundación Trust de las Américas, bajo la guía de Abriendo Datos Costa Rica.
  • Política Institucional de Justicia Abierta: con el apoyo de CEPAL.

2.- Asamblea Legislativa

Como resultado de la aplicación del Índice de Transparencia Legislativa, el Directorio de la Asamblea decidió dar su apoyo al proceso para ser un Parlamento Abierto, para lo que se conformó un grupo de trabajo con cinco organizaciones y colectivos (IPLEX, ACCESA, Ojo al Voto, Costa Rica Íntegra y Abriendo Datos Costa Rica), llamado Alianza por una Asamblea Abierta.

Para ese objetivo, se acordó un primer plan de acciones,que incluyó eventos de capacitación, un protocolo de acceso a la información, la publicación de algunos conjuntos de datos en el portal legislativo, un seminario internacional sobre Parlamento Abierto y mejoras a canales de participación existentes.

Actualmente el proceso de ejecución del segundo plan de acciones ha tenido demoras que se ha informado se atribuyen al cambio de dirección en la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto. Esta comisión con participación de diputados, funcionarios y ciudadanía, venía reuniéndose semanalmente en la Asamblea Legislativa y hace más de dos meses no se convoca. Estamos atentos a la nueva dirección y confiamos en que el camino de la construcción conjunta del Parlamento Abierto continúe, pero de momento está paralizado el avance.

3.- Tribunal Supremo de Elecciones

Este poder de la República ha tenido una participación destacada en el compromiso del Plan de Acción número 13. Procesos de formación y divulgación de los derechos ciudadanos en el marco de Gobierno Abierto, aportando materiales para las capacitaciones.

Existe una Secretaría Técnica de Gobierno Abierto, con la que hemos conversado y vemos buenas intenciones aunque no conocemos de planes de acción concretos.

4- Poder Ejecutivo (y avance del Segundo Plan de Acción)

El segundo plan de acción fue formulado por la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, tomando como insumos los producidos por la ciudadanía con la facilitación de la iniciativa Yo Soy Gobierno Abierto (de la que fue parte Abriendo Datos Costa Rica) y lo creado por los Puntos de Contacto (Red de Reformadores) del Gobierno. El Plan fue luego incorporado dentro de la Política Pública oficial por medio de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, que es parte del Plan Nacional de Desarrollo.

En las sesiones de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, (aquí las actas), se han conocido informes de avance de compromisos y se han dado algunas discusiones muy valiosas como la que se dio sobre los proyectos de ley de acceso a la información pública.

Hacia el futuro

participacion

Nuestra prioridad desde la perspectiva de la participación es ampliar la base de organizaciones y personas involucradas en el tema, de cara al tercer plan de acción.

Un gran reto es la sostenibilidad del gobierno abierto.Hasta el momento ninguno de los candidatos posibles a suceder al actual gobierno ha mencionado siquiera el tema del gobierno abierto.

Desde sociedad civil, a pesar de que el interés ha sido creciente, continuamos sin haber podido generar una articulación propia que nos reúna y se constituya en un foro de toma de decisiones. Posiblemente incide el hecho de que todas estas acciones suelen hacerse con tiempo y recursos voluntarios, lo cual es otro reto también de sostenibilidad.

Nuestro mayor interés es elevar el nivel de calidad de la co-creación y co-ejecución del Plan de Acción. Para ello requerimos incrementar los espacios (dentro y fuera de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto) de colaboración y no de mera validación o información.

 

 

En estos momentos, el compromiso con el gobierno abierto debe ser más fuerte que nunca

Fortalecer la transparencia, la participación y la estrecha relación de colaboración con ciudadanía en la construcción de políticas públicas resulta ahora más importante que nunca, para enfrentar el desánimo con la democracia o la tendencia a tomar posturas extremistas por desesperación o por desconfianza en las estructuras políticas existentes.

hope

En la próxima Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, a celebrarse en París Francia el próximo 7 al  9 de diciembre, se pretende demostrar al mundo que las reformas democráticas son el camino correcto para las personas y las sociedades.

Así, se impulsa la firma de una declaración que demuestre el compromiso con el gobierno abierto al más alto nivel político.

La declaración propuesta contiene 21 principios (están en su original en inglés, de seguido una traducción y resumen libre de su estado actual, ya que están en construcción):

1.- Abriremos las compras públicas desde su inicio, conforme a los estándares de los datos abiertos, y en conjunto con las empresas y sociedad civil.

2.- Acabaremos con el abuso de las empresas sin beneficiario último identificado, para que esa información pueda ser usada efectivamente para detectar y sancionar la corrupción.

3.- Desarrollaremos enfoques desde la innovación y basados en datos para enfrentar la corrupción, compartiendo métodos y plataformas con la comunidad mundial.

4.- Estableceremos los marcos legales y las medidas de transparencia necesarias para regular el lobby, y asegurar más confianza en los procesos de toma de decisiones públicas.

5.- Nos comprometemos a asegurar la transparencia en el financiamiento a los partidos políticos. La recolección y publicación de la información será supervisada por un órgano independiente, todo en línea con estándares internacionales que incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

6.- Implementaremos leyes de Acceso a la Información con los más altos estándares, con capacitación a las personas funcionarias, divulgando su importancia a la sociedad, y con el apoyo de un sistema de archivo adecuado. Apoyaremos la creación de órganos garantes con suficientes recursos. También ampliaremos la publicación proactiva de información, en especial la requerida para la participación y la adecuada rendición de cuentas.

7.- Mejoraremos la participación ciudadana y la transparencia en las políticas fiscales y de presupuestos públicos.

8.- Publicaremos información contractual, legal y de impacto en el sector de los recursos naturales, a la vez que ampliaremos la participación y rendición de cuentas.

9.- Crearemos procesos más abiertos e inclusivos para la formación de las leyes, para fortalecer nuestras democracias con el uso de las tecnologías digitales y la creación de espacios de colaboración ciudadana en los Parlamentos y en los Ejecutivos.

10.- Crearemos procedimientos inclusivos, robustos y transparentes para promover la participación en el diseño de estrategias, planes y políticas con relación a la sostenibilidad del crecimiento y el cambio climático.Esto contribuirá a una implementación transparente, participativa y responsable del Acuerdo de País (2015) que es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

11.- Desarrollaremos de forma participativa mecanismos con hitos e indicadores para monitorear y hacer pública la implementación y los resultados de las políticas de desarrollo sostenible.

12.- Perseguiremos mayor transparencia en la información relacionada con el desarrollo sostenible y el cambio climático en los presupuestos públicos.

13.- Avanzaremos hacia la publicación obligatoria y en datos abiertos de la información relacionada con los riesgos en las inversiones relacionadas con el cambio climático y el uso de los recursos naturales, así como sus correspondientes medidas de mitigación.

14.- Los datos son críticos para que las sociedades y gobiernos abiertos alcancen el desarrollo sostenible, incluyendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para poder construir resiliencia ante el impacto de los cambios en el clima.

15.- Aceleraremos la implementación del Objetivo 16 a través de compartir las mejores prácticas en recolección de datos y mediciones sobre el acceso a la justicia, de forma que pueda fortalecerse este sector y se coloquen las bases para una colaboración más amplia en el uso del gobierno abierto para apoyar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.

16.- Crearemos mecanismos de diálogo permanente con la sociedad civil que mejoren la transparencia en la implementación de los compromisos de los Planes de Acción  y se incremente la oportunidad para que la sociedad civil y ciudadanía en general puedan jugar un rol más fuerte en su supervisión y avance.

17.- Compartiremos y reutilizaremos programas y servicios en línea utilizados alrededor del mundo por gobiernos y sociedad civil, como portales de datos abiertos, plataformas de consultas públicas, herramientas para monitoreo y co-creación de leyes, foros de discusión, y plataformas en línea de seguimiento de la implementación de los Planes de Acción.

18.- Mejoraremos la salud, educación y calidad de vida de la ciudadanía por medio del incremento en la rendición de cuentas y la respuesta a las necesidades, de parte de los servicios públicos que reciben.

19.- Nos involucraremos en la creación de una infraestructura básica de datos y se la proporcionaremos a la ciudadanía para que pueda obtener su máximo beneficio a la vez que se protegen los derechos individuales con los más altos estándares.

20.- Adoptaremos e implementaremos de forma efectiva los principios de la carta de Datos Abiertos para apoyar al gobierno abierto en los Planes de Acción.

21.- Seremos más transparentes y rendiremos mejores cuentas sobre los códigos y razonamientos detrás de los algoritmos, y los usaremos, desarrollaremos, diseñaremos e implementaremos de formas no discriminatorias.

El original en construcción se encuentra en este enlace.

Se invita a hacer la incidencia necesaria para que los gobiernos adopten la máxima cantidad de principios. No tienen que adoptarlos todos, aunque se espera eso sí, el compromiso con uno a tres al menos. Estos principios no contradicen ni se superponen a los compromisos de los Planes de Acción, sino que servirán de inspiración para acciones colectivas o para la creación de futuros compromisos.

¿La ciudadanía tiene realmente acceso a la información pública?

Hoy 28 de setiembre, se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.

El objetivo de esta fecha es recordar que se trata de un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales de amplia aceptación, y que juega un papel esencial como derecho integrador en una sociedad de la información.

Este es un derecho humano que no se cumple en Costa Rica cada vez que:

  • Las instituciones públicas niegan (de forma recurrente a veces) información pública
  • Se obliga a la ciudadanía a recurrir al Recurso de Amparo, previsto para enfrentar posibles violaciones de este derecho, como si fuera el medio normal de hacer peticiones de información
  • La información se entrega de forma incomprensible, o con barreras creadas para impedir analizarla y comprenderla
  • Las personas funcionarias condenadas por violar este derecho no reciben sanción disciplinaria alguna
  • No se hace ni una campaña de divulgación o educación a la población sobre este derecho humano
  • Se carece de un marco legal detallado y dependemos únicamente de resoluciones casuísticas y criterios modificables en cualquier momento de la Sala Constitucional
  • Se critican comentarios infundados contra las autoridades, pero no está disponible la información para hacer críticas informadas
  • Alguien desiste de pedir información porque no sabe que tiene derecho a ella
  • Alguien desiste de pedir información porque sabe que ni se la darán
  • Queda un correo electrónico enviado a una institución pública sin responder

 

En este día, queremos dejar planteadas algunas preguntas:

  • ¿Hay en nuestro ordenamiento jurídico garantías suficientes de un ejercicio efectivo de este derecho?
  • ¿Hay un marco legal claro para que las personas funcionarias sepan con seguridad cuál información deben publicar y cuál no?
  • ¿Las instituciones públicas están obligadas a crear procesos y mecanismos para permitir el ejercicio de este derecho?
  • ¿Hay forma de exigir un acompañamiento en las peticiones de información para quien lo requiera?
  • ¿Hay forma de saber cuántas solicitudes de información se hacen al año, y cuántas quedan sin responder?
  • ¿Hay forma de exigir que la información pública sea divulgada de forma comprensible para personas no especializadas?
  • ¿Hay forma de exigir que las instituciones publiquen información relevante, de forma periódica y aún sin ser solicitada?

 

Abogamos por la necesidad de una ley que proporcione el marco legal claro para obligar a quien genera o custodia información pública a garantizar el ejercicio efectivo de este derecho humano.

Más de 70 países caminan hoy hacia el gobierno abierto, y de ellos, en América, sólo Costa Rica no tiene un marco legal claro que garantice el ejercicio efectivo de este derecho que nos permita responder afirmativamente a todas las preguntas que dejamos planteadas.

Sin un efectivo acceso a la información pública no hay participación ciudadana informada, fiscalización ciudadana, ni gobierno abierto.

El acceso a la información pública es un derecho humano

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano básico en una democracia moderna. No se puede concebir una participación ciudadana informada, o una adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, sin un acceso a la información pública.

Este derecho humano se deriva está garantizado en varios instrumentos internacionales, entre otros:

  • Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información.
  • Artículo IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre al garantizar que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
  • Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La Organización de los Estados Americanos, de la que nuestra país es miembro, ha trabajado este tema y ha compilado una serie de recomendaciones sobre acceso a la información (AG/RES. 2288 (XXXVII-O/07): Puntos resolutivos 8 a. y 13 a.).

Para comprender el contenido del moderno derecho de acceso a la información se ha redactado por el Comité Jurídico de esa misma organización, una serie de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información (CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08))

Como todo derecho humano, está en evolución y el contenido y la forma de garantizar el ejercicio efectivo de éste han variado.

Más que de un simple derecho a acceder a la información o a las dependencias públicas hoy se habla de un derecho a comprender la información pública, así como del deber de los Estados de promover este derecho, sin conformarse con una actitud pasiva de quien espera que le hagan peticiones de información, y de evitar interponer barreras para el análisis y comprensión de esa información.

Para promover internacionalmente este derecho humano, la UNESCO (siglas de su nombre en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ha proclamado el 28 de setiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información en la Trigésimo octava Conferencia General el 4 de noviembre de 2015.

Conocer el marco moderno del derecho de acceso a la información es una actividad necesaria en torno a esta fecha.

Alianza para un Gobierno Abierto: 5 años de avances y retos

El 20 de setiembre de 2011, en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, los jefes de Estado de Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos de América, firmaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción, junto a igual número de líderes de la sociedad civil. En esa ocasión también, se recibió el compromiso de 38 de los gobiernos presentes en esa reunión, para unirse a la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que nacía en esa fecha.

Con estas palabras, el Presidente Barack Obama, exhortó en esa ocasión a gobiernos y representantes de sociedad civil, a generar una plataforma que aportara compromisos y herramientas concretas para avanzar hacia la adopción de un modelo de gobierno abierto:

“En todas partes del mundo, vemos surgir la promesa de la innovación para que los gobiernos se abran y rindan cuentas. Ahora debemos construir y hacer progresos en ese camino. Cuando nos reunamos aquí el próximo año, debemos traer compromisos específicos para promover la transparencia, para luchar contra la corrupción y energizar la participación ciudadana, para aprovechar las nuevas tecnologías; de manera que podamos reforzar las bases de la libertad en nuestros países, elevando los ideales que puedan iluminar este trabajo.”

Cinco años después, la Alianza para el Gobierno Abierto ha recibido más de 2 500 compromisos, formulados por 69 países participantes que hoy la conforman y que reúnen a un tercio de la población mundial, incluyendo a Costa Rica que se unió a esta iniciativa en el 2012 y actualmente implementa su segundo plan de acción.

El gobierno abierto, es un modelo de gobernanza que abre las puertas a una oportunidad para la sociedad civil: la de expresar ideas y cuestionamientos, recuperar el derecho a que esto sea escuchado y asumir la responsabilidad de usar nuestra voz para ir más allá de la pregunta y pasar a la acción. La co-creación, anhelo último de la participación ciudadana en el marco de gobierno abierto, es un camino para el cual requerimos herramientas y es allí en donde la Alianza entra en juego,  para asumir el reto de dotarnos de instrumentos para fortalecer nuestro rol y también de generar los espacios para crearlos en forma conjunta.

Pero gobierno abierto no un proyecto con inicio y final, es un proceso para alcanzar un estadio cultural y todavía tenemos un largo camino por recorrer y se requiere pasar de compromisos tímidos a cambios profundos, liderados con determinación por las cabezas de gobierno y de conocimiento de todos los niveles de la administración para que esta nueva forma de relacionamiento con la ciudadanía, sea una fuerza transformadora y no solo un título para colgar en la pared de las instituciones. También, desde sociedad civil tenemos que asumir el reto que nos presenta una oportunidad que por mucho tiempo nos ha sido negada u obstaculizada y por lo tanto, en ocasiones no estamos preparados para enfrentar. Y, más allá de un asunto de dos sectores, también entender que la academia y la empresa privada son parte de este nuevo paradigma y promover su incorporación en un trabajo que debe orientarse al gran desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ende, a asegurar la inclusión en toda la amplitud de esta palabra.

Invitados por la Alianza a responder en 90 segundos, tres preguntas específicas acerca del significado de esta plataforma para la sociedad civil, compartimos con ustedes nuestras respuestas y les invitamos a reflexionar y construir las suyas.

¿Cuáles han sido las herramientas y aportes concretos de la Alianza para el avance del gobierno abierto en su país?

 

¿Cuáles son los retos para avanzar en la implementación del gobierno abierto en su país? ¿Cómo puede ayudar la Alianza para afrontar estos retos?

 

¿Qué espera para el futuro de OGP?

 

¡Feliz cumpleaños, #OGP!