Cómo vivimos sin ley de Acceso a la Información Pública

En Costa Rica no tenemos ley de acceso a la información pública. Si bien esto no significa que no haya acceso a ella ya que en principio sí lo hay, no se da un acceso adecuado.

Durante muchos años nos hemos enorgullecido de nuestros principios constitucionales de acceso a la información, y es justo reconocer que en su tiempo fueron principios modernos y ajustados a su época. Pero en los años recientes la relación del Estado y la ciudadanía ha evolucionado, y nuestros mecanismos legales y dinámicas sociales se han quedado rezagados.

Carecemos de una normativa que cubra adecuadamente el deber de proporcionar información pública en poder de sujetos de derecho privado que bien reciben fondos públicos o bien ejercen potestades de imperio por delegación legal.

Aún permanece la deuda de definir y regular por la vía legal la excepción de acceso del “Secreto de Estado”, que sigue siendo una chistera de donde se desea sacar hasta el conejo de un rutinario informe de las perennes deudas con la agricultura.

Seguimos sin un marco legal adecuado que asegure el acceso gratuito a la información pública, pues no hemos resuelto claramente esa difícil relación entre el ideal de acceso universal y gratuito, y la pobreza de algunas instituciones públicas que ocupan ingresos por venta de servicios para subsistir.

Creemos que es irrelevante la inexistencia de un sistema que permita integrar todo el aparato público en una política de acceso a la información pública. Nuestro fantasma de los feudos municipales y departamentales sigue asustando por los pasillos del Estado Moderno.

Curiosamente nos quejamos de la alta tasa de judicialización de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y sin embargo, creemos que el acceso a la Sala Constitucional como remedio para las violaciones al derecho de acceso es suficiente.

Sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, como dice el dicho y sin embargo, con mucha tranquilidad vivimos en un país que carece de estadísticas precisas de peticiones y respuestas y no tenemos ningún sistema de trazabilidad de peticiones. Más aún, una enorme cantidad de plataformas de petición en línea ni siquiera emiten un comprobante para poder reclamar posteriormente.

Más aún, pretendemos creer que podemos implementar un sistema de protección de este derecho, sin pensar en un organismo de acompañamiento y ejecución, como si las simples palabras en los papeles nos llevaran a logros concretos.

Cantamos al mundo que tenemos más maestros que soldados y sin embargo no hay un ente que forme en este derecho ciudadano básico, ni a ciudadanía ni a funcionarios y funcionarias.

Requerimos una nueva visión de gobierno abierto, desde el gobierno hasta la ciudadanía. Desde los activistas hasta abogados y periodistas.

Derecho de Acceso a la Información no es petición. Es un sistema de acompañamiento para que haya un acceso real a la información, que promueva su publicación proactiva y utilización, de forma totalmente accesible e inclusiva.

No podemos conformarnos con un acceso mediocre, elitista, y de escaso impacto. Debemos fijarnos la meta más alta posible. Sólo así crecen las personas y los países.

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