Comunicado de la Alianza para la Asamblea Abierta ante elección del presidente del Directorio Legislativo 2017-2018

  • La Alianza para una Asamblea Abierta considera un retroceso para la agenda de Parlamento Abierto la elección del diputado Gonzalo Ramírez como presidente del directorio legislativo 2017-2018.

San José, Costa Rica, mayo 2017-   Las organizaciones miembros de la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA) expresamos nuestro malestar por la decisión de los y las diputadas de elegir al señor Gonzalo Ramírez como presidente del Directorio Legislativo 2017-2018 y el riesgo que eso significa para el fortalecimiento de la agenda de Parlamento Abierto.   

Desde esta alianza de sociedad civil hemos impulsado y apoyado  las acciones para transparentar la gestión legislativa en Costa Rica por medio de los Planes de Acción de Parlamento Abierta, siendo testigos del desinterés y la ausencia de voluntad política del recién electo presidente del Directorio Legislativo, quien como coordinador de la Comisión de Parlamento Abierto, tuvo un accionar obstaculizador en pro de impulsar la implementación del II Plan de Acción de Parlamento Abierto, irrespetando el trabajo realizado por dicha comisión.

Es vergonzoso que en las negociaciones políticas, las fracciones y especialmente los jefes de fracción no tomen como prioritario para la elección de los puestos del directorio legislativo, perfiles de diputadas y diputados que aboguen por una mayor transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Lamentamos que diputados que conocen la importancia de que el directorio legislativo esté alineado con este tema no sean consecuentes a la hora de elegir a sus miembros. Más aún diputados como Rafael Ortiz, Karla Prendas, Antonio Álvarez Desanti que en instancias internacionales se han dado el permiso de hablar sobre su voluntad hacia la apertura parlamentaria.

Exhortamos a las diputadas y los diputados que no avalaron esta decisión, a las organizaciones de sociedad civil vinculadas a los esfuerzos de Estado Abierto y a la ciudadanía en general, a mantener su vigilancia y redoblar esfuerzos porque el Poder Legislativo, no se aparte de la decisión nacional de avanzar hacia la apertura.

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Descargar: ComunicadoAAA1mayo17

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Comentarios al texto de la propuesta de ley de acceso a la información pública

Con relación al texto de la propuesta de ley de acceso a la información pública, sometido a consulta hasta el día de ayer, SOCIEDAD CIVIL ABRIENDO DATOS COSTA RICA manifiesta:

Ley de acceso

El derecho de acceso a la información pública reviste enorme importancia, como llave para acceder a otros derechos humanos fundamentales y por lo tanto debe ser fortalecido y ampliado.

Con tal propósito en mente la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, en la que tenemos participación, pasó por un proceso de análisis concienzudo, basado en documentación y en las mejores prácticas, experiencias e instrumentos internacionales, del proyecto de ley que redactó el Poder Ejecutivo.

Eso dio como resultado observaciones que en su mayoría fueron de consenso, aunque hay puntos en los que esto no se logró, quedando posiciones e intereses por discutir y acoplar.

Queremos reconocer la permanente buena voluntad de todos los miembros de la Comisión en tal tarea, así como la disposición que encontramos en la Presidencia de la República de someter su proyecto a una discusión equitativa y libre.

En el proceso se tomó la decisión de no redactar un texto concreto, pues es sabido que lo que saliera de la Comisión, luego redactado finalmente por la Presidencia de la República y en la discusión legislativa, sufrirá reformas, sino que se prefirió poner en discusión los principios, estrategias y garantías mínimas y básicas que deben de asegurarse en una discusión nacional sobre la mejor forma de garantizar el efectivo cumplimiento y ejercicio de este derecho.

El espíritu de este proyecto debe ser el de fortalecer el derecho humano fundamental de acceso a la información pública y no debe contemplar menos de las garantías existentes en la actualidad. En este sentido durante este proceso de revisión se recomendó revisar la legislación vigente y la jurisprudencia constitucional, sin que esto significara que lo existente no pudiera ser mejorado para garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho. Igualmente, recomendamos valorar las leyes y experiencias de otros países, así como analizar y en lo posible atender todas las recomendaciones que han hecho organismos internacionales como la OEA y la OCDE.

En su momento, dejamos claro que, ya que la decisión final sobre el contenido y redacción del texto que se enviara a la Asamblea Legislativa sería potestad de la Presidencia de la República, nos reservamos el derecho de revisar, realizar las observaciones y manifestar los desacuerdos que consideremos oportunos cuando dicho texto fuera conocido.

En aras de que conste nuestra posición durante la discusión sostenida en el seno de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto y las observaciones surgidas ante la revisión del proyecto finalmente presentado ante la opinión pública, consignamos a continuación lo siguiente:

Artículo 1

El contenido es correcto en cuanto a que define el derecho como uno fundamental para cualquier persona. Sin embargo, debe clarificarse si es objetivo, objeto o naturaleza, desde la perspectiva de una correcta técnica legislativa de redacción. Indicamos, además, la conveniencia de sustituir “todos los individuos” por “todas las personas”, en aras de un espíritu inclusivo.

Artículo 3

Los principios deben de definirse con claridad. En el curso de la discusión se decidió acoger principios de la ley de Telecomunicaciones, sin embargo, si no se especifican, parece no tener sentido por ejemplo la neutralidad. En este sentido, se acordó tomar los principios de Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas, del Plan Nacional de Desarrollo.

Con relación al principio de máxima divulgación, el tema se trató y lo que se desea referir y nuestra organización apoya es la máxima divulgación y publicidad, no necesariamente cargar al Estado con una orden de publicación masiva inmediata (ver artículo 2 de la Ley Modelo de la OEA).

Asimismo, recomendamos mantener el principio de interoperabilidad, base de los formatos abiertos abiertos, tal y como se discutió en el seno de la Comisión.

Artículo 4

Inciso 1: Eliminar la definición de autoridad pública y que permanezca la de sujetos obligados según se consensuó y se indica en el siguiente artículo. Esto por cuanto se consideró más amplia.

Inciso 3: Debe referir al artículo 5, inciso 2 y no al artículo 3, como erróneamente se consigna.

Inciso 4: Debe hablarse de información pública y no de acceso público, ya que el acceso a la información pública es el objeto de esta ley. Resulta de gran importancia y valor si tal concepto se define por esta ley.

Inciso 6: Eliminar el concepto de terceros interesados, por las razones que se indican más adelante.

Artículo 5

Recomendamos mantener el texto consensuado en Comisión, para los sujetos obligados, sustituyendo el texto contenido en el proyecto:

Las disposiciones de esta ley son aplicables a la Administración Pública, central y descentralizada; los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas; instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, las sociedades mercantiles propiedad del Estado, entes públicos no estatales, municipalidades, universidades estatales respetando su principio de autonomía, empresas públicas y todo otro ente de naturaleza pública o privada que administre recursos públicos.

Además, consideramos debe agregarse que los sujetos de derecho privado también están cubiertos por esta ley cuando ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública, de forma permanente o temporal.

Artículo 6

Es conveniente unificar términos pues aquí se habla de información de acceso público, mientras que en otros artículos como el 1, en la naturaleza; el 2, de los objetivos; el 3 de los principios rectores , se habla de información pública, cuyo acceso es el objeto de esta ley.

Artículo 7

Inciso 6: Es conveniente aclarar que la reproducción digital es gratuita y que el costo aplica únicamente si hay reproducción y envío físicos.

Artículo 8

El texto consensuado por la Comisión, se refiere al Estado y no de la Administración Pública.

Se sugiere el uso de “sujetos obligados”.

Artículo 9

El texto consensuado por la Comisión, indica:

Toda autoridad pública deberá contar con los medios de difusión e información digital en formatos abiertos, interoperables y accesibles a través de internet, necesarios para publicar la información de divulgación oficiosa.

Agregamos que este texto debe clarificarse, ya que con esta redacción se estaría regulando como abierto el medio (por ejemplo una plataforma) y no la información (datos, por ejemplo), que es lo que debería ser en formato abierto, sin duda.

Recomendamos, sustituir en dicho texto, “autoridad pública” por “sujetos obligados”.

Además, deben contemplarse los medios analógicos al mismo nivel, que deberán ser obligatorios para cubrir a la población que no cuenta con el adecuado acceso digital.

Artículo 10

Enunciado: Agregar que la información a publicar proactivamente debe estar constantemente actualizada.

Inciso 3: Directorio institucional con los respectivos medios de contacto.

Inciso 7: Sustituir “forma” por “informes”.

Inciso 13: Además de los informes de auditoría, incluir los informes de cumplimiento de sus recomendaciones, dando así continuidad a los avances realizados en el compromiso 9 de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.

Inciso 16: recomendamos cambiar “relacionada con” por “detallada de”, para evitar que la publicación sea antojadiza.

Inciso 17: recomendamos cambiar “o portal” por “u otro medio digital” e incluir la exigencia de que en todo caso, se expida un recibido completo.

Artículo 11

En el texto propuesto, tal como se señala en anteriores: recomendamos sustituir “Administración Pública” por “sujetos obligados.

Ahora bien, con relación a la propuesta de que sea la Defensoría de los Habitantes de la República, esta fue una solución de consenso en el seno de la Comisión, pero desde nuestra organización queremos dejar claro que sostenemos que debe de crearse un órgano garante a cargo de la promoción y seguimiento del cumplimiento efectivo de este derecho. Se hizo ya con la PRODHAB y la protección de la persona ante el tratamiento de sus datos personales, que es un tema derivado del derecho de acceso a la información. Tanto la protección de la privacidad como el acceso a la información pública tienen rango constitucional y merecen el mismo tipo de tratamiento y promoción como derechos que son. Reiteradamente la OEA y otros entes como OCDE han insistido en la importancia del órgano garante. La ausencia de un un ente especializado, autónomo, independiente y con recursos, puede ser la causa de un cumplimiento precario del derecho de acceso a la información, como ha sido demostrado en la experiencia internacional.

En todo caso, para que la Defensoría pueda cumplir con todas las funciones que se requieren para un órgano garante, debería reformarse su ley y además dotarla de recursos, lo que igualmente repercute en las finanzas estatales.

Los órganos garantes, tienen muchas más funciones que la vigilancia de la publicación proactiva, otorgada en la propuesta a la Defensoría y se han tipificado como sigue:

  • Recibir y revisar quejas de solicitantes
  • Revisar excepciones
  • Ordenar la liberación de información (obligatoria)
  • Monitoreo y promoción de la implementación
  • Monitoreo de transparencia activa
  • Capacitación de funcionarios públicos
  • Guía para las autoridades sobre la interpretación de la ley
  • Concienciación del público
  • Asistencia a solicitantes
  • Recoger información y reportar sobre la implementación (estadísticas)
  • Recomendaciones sobre legislación existente y propuesta

Tomando en cuenta estas funciones, el rol otorgado a la Defensoría es insuficiente y las potestades que más adelante se confieren a las Oficialías de Acceso a la Información, serían cuestionables por estar estas bajo la autoridad de los  mismos sujetos obligados.

Artículo 13

Con relación a las excepciones y analizados los textos en el seno de la Comisión, el consenso fue recomendar no incurrir en la creación de ninguna excepción nueva al acceso a la información, con el fin de no perder lo que se ha ganado en la aplicación de los principios constitucionales.

Lo que se acordó fue, expresamente señalar que:  las únicas excepciones a este derecho son las fundadas en leyes o en la constitución (y su interpretación por medio de la Sala Constitucional).

Desde nuestra organización, respaldamos y mantenemos esta posición pues consideramos que el ser taxativos puede generar la creación de nuevas excepciones, así como la omisión de algunas que pudieran estar contenidas en normativa vigente.

Igualmente, el posible rechazo por esas causales debe de regularse, indicando que “Cuando la información solicitada corresponda al régimen de excepciones, el sujeto pasivo deberá rechazar la entrega de lo requerido con la debida fundamentación y demostración de que la información solicitada está sujeta a las excepciones reguladas. “

Artículo 14

El requerimiento de identificación de la persona que hace la solicitud es un punto en el que nuestra organización mantiene la tesis de que esto no se debe presentar. Si la información es pública y el derecho de acceso es para cualquier persona, saber quién la solicita carece de relevancia para la solicitud, y más bien puede prestarse para calificaciones personales o para exponer a las personas solicitantes. El temor de que sea atacado un portal de peticiones por una herramienta informática automatizada puede ser evitable con adecuadas medidas de seguridad del sitio.

La OEA en su ley modelo sugiere que para la solicitud de acceso se requiera lo siguiente:

  1. (1) Una solicitud de información deberá contener los siguientes datos:
  2. a) información de contacto para recibir notificaciones así como la información solicitada;
  3. b) una descripción suficientemente precisa de la información solicitada para permitir que la información sea ubicada; y
  4. c) la forma preferida de entrega de la información solicitada.

 

Para mayor claridad expresa en el comentario a ese artículo que: El solicitante no necesita dar su nombre en la solicitud de información.

En este sentido también es importante revisar la experiencia internacional de México y Chile, ambos con leyes que solamente señalan la necesidad de identificarse con un nombre, únicamente para saber a quién referirse en la respuesta. Mantenemos nuestra posición de que el deber de identificarse puede ser causa de discriminación, pérdida de privacidad y es innecesario ante información pública accesible para cualquier persona. Este es un requisito que inclusive fue evitado en el Decreto de Acceso a la Información Pública recientemente sometido a consulta por la Presidencia de la República.

En el caso de la firma, debe tenerse presente que algunos medios electrónicos no permiten el uso de la firma digital. Además, el uso extendido de la misma es algo de lo que nuestro país está lejos y aun cuando así fuera, solicitar este requisito generaría exclusión de quienes no tienen acceso a ella. Finalmente, si se establece la posibilidad de realizar peticiones orales, esto no puede aplicar.

Artículo 16

El artículo al que hace referencia el segundo párrafo, es el 21 y no el 20, como erróneamente se consigna.

Artículo 17

No indica qué hacer cuando la institución no sabe a quién le corresponde cumplir la petición sin que signifique únicamente denegar la petición. Correspondería  al ente garante, en este caso, la Defensoría de los Habitantes.

Dado que el acceso a la información pública es un derecho ciudadano y que la ley busca su cumplimiento efectivo y las facilidades para su ejercicio, debería contemplarse la obligación de informar al solicitante cuando se aplique lo que posibilita este artículo, garantizando así el cumplimiento del derecho contar con información que permita la trazabilidad del trámite de su petición.

Artículo 18

El tema de los terceros interesados, aunque se contempla en la misma ley modelo OEA, cuando fue revisado en Comisión, se acordó recomendar que fuera retirado por cuanto podría exponer a la persona solicitante al dar aviso al tercero interesado de que alguien está requiriendo información relacionada con él (piénsese en investigaciones periodísticas, por ejemplo), y que el tercero, si de datos personales se trata, podría perder su derecho legal por un plazo administrativo sin autoridad judicial de por medio.

Artículo 19

Dado que no se contempla que esta ley tenga un órgano garante con todas las funciones requeridas para que sea un instrumento eficiente, consideramos insuficiente y limitada la función que se establece para las Oficialías de Acceso a la Información.

De propuesta de Decreto Acceso a la Información, recientemente sometido a consulta pública, se toman las siguientes, que deberían ser incluidas también en la ley:

Artículo 8°.- Designación del Oficial de Acceso a la Información. Cada jerarca institucional deberá designar en su dependencia a un Oficial de Acceso a la Información, en adelante OAI. Dicha designación recaerá sobre el Contralor de Servicios respectivo, o en su defecto, sobre otro funcionario de la institución competente para desempeñar las funciones dispuestas en el artículo 9° de este Decreto.

Artículo 9°.- Funciones. El OAI tendrá las siguientes funciones:

a- Fungir como asesor de la Administración y los administrados en los mecanismos que regula este decreto.

b- Atender las quejas o sugerencias de las personas que se sientan afectadas por conductas administrativas que obstaculicen o impidan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

c- Incluir un apartado en su informe anual de labores con datos estadísticos y acciones emprendidas en esta materia.

d- Proponer al jerarca institucional todo tipo de recomendaciones de mejora en materia de la gestión institucional de cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública.

e- Colaborar en la promoción de la publicación oficiosa de la información pública en el ámbito institucional.

Artículo 10.- Cada jerarca institucional deberá brindar los medios y facilidades pertinentes para que el OAI puede efectuar sus funciones en forma adecuada.

Artículo 20

Debemos enfatizar la importancia de que se garantice que en ningún caso la petición de información puede tener costo. Y en cuanto al suministro de información, en ningún caso la información NO procesada y en formato digital, puede tenerlo. En caso de que deba reproducirse en físico (papel) podrá cobrarse únicamente los costos de reproducción y envío.

Artículo 22

En el primer párrafo: No nos queda claro cuál puede ser la participación de los derechos de autor en materia de información pública, la cual como su concepto mismo lo indica, no debería estar restringida más que por el régimen de excepciones.  

Adicionalmente, debe quedar claro en el texto que el suministro de información puede ser en el formato solicitado salvo que ese formato no esté disponible para el sujeto obligado. En ese caso se le indicarán los formatos disponibles para que sea a elección de la persona solicitante.

En el segundo párrafo, agregar luego de “Si la información solicitada es de gran volumen”, la aclaración  “y no existen medios para transmitirla o entregarla”.

Artículo 25

El título debería ser “Rechazo de la solicitud”. No es la información lo que rechaza.

Artículo 27

Nos preocupa el hecho de que se plantea un sistema de recursos y defensa administrativa, sin que haya un ente garante a cargo, que apoye en esa gestión. Recursos administrativos ante el mismo ente pueden más bien ser una barrera para el acceso a la justicia.

Artículo 29

En principio consideramos que es correcta la referencia al régimen disciplinario de cada ente, sin embargo, debe tomarse en cuenta que ya existe una pena económica en el artículo 13 de la ley 9097 (El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual). Perfectamente puede ampliarse esta sanción para cubrir no sólo las peticiones puras y simples sino el incumplimiento de los deberes de garantía del efectivo ejercicio de este derecho. En todo caso falta indicar que el ente garante deberá interponer los procesos respectivos, darles seguimiento como parte e informar al solicitante de la resolución final.

Artículo 30

Se considera la mejor forma de abordar la sanción a particulares que ejerzan potestades o funciones públicas o que tengan a su cargo recursos públicos, sea dentro de las reglas de la delegación de esa potestad o encargo de esos recursos, en la figura del órgano fiscalizador. Claro que igualmente debe de indicarse que el ente garante deberá interponer los procesos respectivos, darles seguimiento como parte e informar al solicitante de la resolución final.

San José, Costa Rica, 18 de abril de 2017.

Ignacio Alfaro Marín

Susana Soto González

SOCIEDAD CIVIL ABRIENDO DATOS COSTA RICA

 

Parlamento Abierto en Costa Rica: comunicado de la Alianza para la Asamblea Abierta

 

  • El actual Directorio Legislativo 2016- 2017, no ha dado un respaldo adecuado para la implementación del segundo plan de acción sobre Parlamento Abierto.
  • Un Parlamento Abierto es aquel que suma la decisión de la parte política a la colaboración con sectores como la academia y sociedad civil, para así implementar mejoras permanentes que, desde lo administrativo, procuren una nueva relación con la población.

 

San José, Costa Rica, marzo 2017-   Hoy jueves arranca oficialmente en Costa Rica el Segundo Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, una gran oportunidad para reforzar los pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los órganos legislativos que integran esa red, entre ellos, el del país. Para la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA), un colectivo de organizaciones de sociedad civil que desde junio del 2015 ha venido impulsando la agenda de Parlamento Abierto en Costa Rica este evento es una oportunidad para compartir el estado de esta agenda en el país.

Como alianza, hemos ha tenido la oportunidad de participar  en la elaboración e implementación  de los dos planes de acción de parlamento abierto de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el primer plan de acción se implementó en el período 2015-2016, con el apoyo e impulso del Directorio Político y de la Dirección Ejecutiva de la institución y permitió desarrollar acciones que resultaron en mejoras que influyeron en el hecho de que la Asamblea Legislativa se posicionara en el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativo 2016.

El segundo plan, co-creado durante el año 2016, mediante un proceso que contó con la participación de diputados y diputadas, personal administrativo e integrantes de la AAA, desarrollado en el marco de la Comisión de Parlamento Abierto, fue aprobado por el Directorio Legislativo desde el 6 de setiembre de 2016 con miras al inicio inmediato de su implementación. Sin embargo, no se ha contado con el impulso y apoyo requeridos desde el Directorio Político 2016-2017. El respaldo ha sido débil, confuso y con desgano, mostrando poco interés en la agenda de Parlamento Abierto y en asumir la coordinación de la comisión del mismo nombre, creada por este órgano para construir y gestionar las propuestas del plan.

Debe recordarse, que un parlamento abierto es aquel que suma la decisión de la parte política a la colaboración con sectores como la academia y sociedad civil, para implementar mejoras permanentes que, desde lo administrativo procuren una nueva relación con las personas. No podemos, definitivamente, hablar de parlamento abierto, si las personas que ostentan el cargo de diputados y diputadas, no asumen un rol de liderazgo y compromiso.

La Alianza para la Asamblea Abierta hace un llamado al Directorio Legislativo a comprometer su apoyo en la ejecución de la mayor cantidad de actividades contempladas en el segundo Plan de Parlamento Abierto y a promover la continuidad de un proceso más amplio que permita trascender su período; asimismo, reafirma su interés de continuar siendo contraparte del Poder Legislativo en los esfuerzos hacia una mayor transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de cara a la elaboración del tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto.

María Fernanda Avendaño Mora

Coordinación Alianza para una Asamblea Abierta

alianza-asamblea-abierta@googlegroups.com

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Alianza para un Gobierno Abierto: 5 años de avances y retos

El 20 de setiembre de 2011, en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, los jefes de Estado de Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos de América, firmaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción, junto a igual número de líderes de la sociedad civil. En esa ocasión también, se recibió el compromiso de 38 de los gobiernos presentes en esa reunión, para unirse a la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que nacía en esa fecha.

Con estas palabras, el Presidente Barack Obama, exhortó en esa ocasión a gobiernos y representantes de sociedad civil, a generar una plataforma que aportara compromisos y herramientas concretas para avanzar hacia la adopción de un modelo de gobierno abierto:

“En todas partes del mundo, vemos surgir la promesa de la innovación para que los gobiernos se abran y rindan cuentas. Ahora debemos construir y hacer progresos en ese camino. Cuando nos reunamos aquí el próximo año, debemos traer compromisos específicos para promover la transparencia, para luchar contra la corrupción y energizar la participación ciudadana, para aprovechar las nuevas tecnologías; de manera que podamos reforzar las bases de la libertad en nuestros países, elevando los ideales que puedan iluminar este trabajo.”

Cinco años después, la Alianza para el Gobierno Abierto ha recibido más de 2 500 compromisos, formulados por 69 países participantes que hoy la conforman y que reúnen a un tercio de la población mundial, incluyendo a Costa Rica que se unió a esta iniciativa en el 2012 y actualmente implementa su segundo plan de acción.

El gobierno abierto, es un modelo de gobernanza que abre las puertas a una oportunidad para la sociedad civil: la de expresar ideas y cuestionamientos, recuperar el derecho a que esto sea escuchado y asumir la responsabilidad de usar nuestra voz para ir más allá de la pregunta y pasar a la acción. La co-creación, anhelo último de la participación ciudadana en el marco de gobierno abierto, es un camino para el cual requerimos herramientas y es allí en donde la Alianza entra en juego,  para asumir el reto de dotarnos de instrumentos para fortalecer nuestro rol y también de generar los espacios para crearlos en forma conjunta.

Pero gobierno abierto no un proyecto con inicio y final, es un proceso para alcanzar un estadio cultural y todavía tenemos un largo camino por recorrer y se requiere pasar de compromisos tímidos a cambios profundos, liderados con determinación por las cabezas de gobierno y de conocimiento de todos los niveles de la administración para que esta nueva forma de relacionamiento con la ciudadanía, sea una fuerza transformadora y no solo un título para colgar en la pared de las instituciones. También, desde sociedad civil tenemos que asumir el reto que nos presenta una oportunidad que por mucho tiempo nos ha sido negada u obstaculizada y por lo tanto, en ocasiones no estamos preparados para enfrentar. Y, más allá de un asunto de dos sectores, también entender que la academia y la empresa privada son parte de este nuevo paradigma y promover su incorporación en un trabajo que debe orientarse al gran desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ende, a asegurar la inclusión en toda la amplitud de esta palabra.

Invitados por la Alianza a responder en 90 segundos, tres preguntas específicas acerca del significado de esta plataforma para la sociedad civil, compartimos con ustedes nuestras respuestas y les invitamos a reflexionar y construir las suyas.

¿Cuáles han sido las herramientas y aportes concretos de la Alianza para el avance del gobierno abierto en su país?

 

¿Cuáles son los retos para avanzar en la implementación del gobierno abierto en su país? ¿Cómo puede ayudar la Alianza para afrontar estos retos?

 

¿Qué espera para el futuro de OGP?

 

¡Feliz cumpleaños, #OGP!

Parlamento Abierto: una nueva relación con la ciudadanía

Del 12 al 18 de setiembre, se celebra alrededor del mundo la Semana Internacional de Parlamento Abierto. Conocida como GLOW, siglas en inglés para Global Legislative Openness Week, constituye un llamado a los Congresos del mundo para que rindan cuentas, adopten la transparencia en todo su accionar y se abran a la participación y colaboración de la ciudadanía.

Desde que en el 2011 se creó la Alianza para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership), gobierno, academia, sociedad civil y sector privado de los países que la integran, han encontrado la necesidad de trabajar porque la adhesión a los principios que promueve este modelo de gobernanza, sean tarea de todas las instancias y niveles del. Estado. Es así como poco a poco se han ido incorporando al Gobierno Abierto, los conceptos de Justicia AbiertaParlamento Abierto y más recientemente, Estado Abierto, creando esta plataforma entre sus instancias, grupos de trabajo en esas áreas, para generar herramientas que permitan avanzar en su implementación, como un proceso continuo.

Pero, ¿qué es Parlamento Abierto?

Parlamento Abierto es un concepto derivado de Gobierno Abierto. Esto significa que al igual que este, es un modelo basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.

Podemos decir entonces que un parlamento abierto es un cuerpo legislativo que, en forma colegiada y a nivel individual de sus integrantes, rinde cuentas, propicia el acceso a la información y la presenta de forma transparente y sencilla. Un parlamento abierto, también procura utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar espacios de participación con canales bidireccionales que trasciendan lo informativo y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas que en él se toman.

Es una nueva forma de relacionamiento entre los órganos legislativos y la ciudadanía, sustentada en diez principios fundamentales:

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Y en Costa Rica, ¿cuán abierta sentimos a nuestra Asamblea Legislativa? Le invitamos a participar externando sus opiniones en esta encuesta, que para celebrar esta semana, ha elaborado la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa.

Elaborado por Abriendo Datos Costa Rica para:

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Innovando la participación ciudadana: los laboratorios públicos (I Parte)

 

Quizás tenemos asociado el término “cívico” a los actos en conmemoración de la independencia patria o a una materia que alguna vez llevamos en la educación secundaria. También es posible que esa palabra no nos evoque cosas positivas y que, más bien, en algunos casos establece una barrera ante nosotros. Sin embargo, la primera acepción del Diccionario de la Real Academia, indica que “cívico” es sinónimo de ciudadano (perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos).

También suele suceder que cuando pensamos en un “laboratorio”, imaginamos un ambiente frío y controlado, lleno de instrumentos desconocidos y en el cual trabajan personas altamente especializadas.

Pero los laboratorios ciudadanos (o cívicos), son todo lo contrario. Se trata de espacios para la innovación y la participación, para idear, crear y desarrollar propuestas para la solución de problemáticas que nos afectan en lo cotidiano, reuniendo distintos saberes y en muchos casos, acompañado de desarrollos tecnológicos. En ellos, las personas con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización se reúnen para desarrollar proyectos juntos y explorar mediante formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales, diversas formas para impulsar procesos de innovación ciudadana que propicien la transformación social y contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de los países, ciudades o comunidades.

Se inspiran en acciones que nacen en el seno de organizaciones de la sociedad civil y grupos como las comunidades de software libre y conocimiento abierto y son mecanismos poderosos que vienen a afrontar el reto que implica atender a una nueva ciudadanía proactiva, que articula sus intereses en red y demuestra una participación que no gusta de los canales tradicionales y atiende a causas puntuales; una ciudadanía integrada en gran parte por los llamados millennials e influenciada por el avance en el uso de tecnologías de información y comunicación.

Actualmente existen muchas experiencias de este tipo, sin embargo, hay algunos casos que sobresalen como referentes, tal como el caso de Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que en 1985 desarrolló el primer laboratorio ciudadano llamado MIT Media Lab, un espacio con fuerte énfasis en la generación de soluciones innovadoras a la calidad de vida a través de la tecnología y que se convirtió en referencia de futuras iniciativas.

En Iberoamérica se pueden mencionar el MediaLabPrado en Madrid, que se caracteriza por ser un laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos culturales que explora las nuevas formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. También en España, La Colaboradora, en Zaragoza; el CitiLab y el BarcelonaLab, ambos en Barcelona. Otros ejemplos en nuestra región son el ZapopanLab en México, SociaLab en Chile, Nuvem en Brasil o el Laboratorio para la Ciudad, también en México.

Se trata de nuevos contextos de producción abiertos, colaborativos y accesibles que amplían, más allá de la cantidad, la diversidad de las personas que participan, con relación a mecanismos tradicionales como las asociaciones de desarrollo, comités de vecinos o de usuarios.

Existen diferentes formas de laboratorios: medialabs, hacklabs, maker spaces, living labs, etc. Pero todos se inspiran y aprovechan las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en especial Internet, para generar espacios de encuentro, experimentación y acción colectiva.

A diferencia de espacios públicos tradicionales, como la biblioteca, el museo, el centro cultural, el salón comunal, los centros inteligentes u otros, los laboratorios ciudadanos no tienen como función principal dar acceso y difundir iniciativas, sino que se centran en facilitar la participación de las personas usuarias. Es decir, son espacios donde la ciudadanía se involucra en procesos abiertos que les permiten aportar desde la innovación. También se diferencias de los centros de investigación oficiales, tales como universidades o grupos consultores, ya que no son lugares de uso exclusivo para los expertos, sino abiertos a la participación de cualquier ciudadano o ciudadana. Y a diferencia de las universidades y otros centros educativos, no tienen una orientación académica, pretendiendo solamente reunir a personas con distintas capacidades y conocimientos, que acumulan aprendizajes desde su experiencia de vida.

Los laboratorios ciudadanos son herederos de tradiciones muy diversas como las bibliotecas públicas, museos, archivos públicos, centros cívicos, centros culturales, tech shops, escuelas, universidades, science shops, huertos urbanos, comunidades de software libre y todos aquellos proyectos que han pretendido hacer del conocimiento un asunto colectivo y del aprendizaje algo compartido. Son una expresión más de la inteligencia colectiva.

¿Cómo funcionan los laboratorios cívicos?

Los programas y actividades de los laboratorios, generalmente se estructuran en torno a líneas de trabajo o ejes temáticos. Suelen girar en torno a la cultura del prototipado, el arte y las nuevas tecnologías, la cultura del “hágalo usted mismo” y “hágalo con otros”, así como las comunidades de aprendizaje.  En algunos proyectos, lo artístico aparece con más presencia, en otros lo tecnológico o lo científico; unos tienen carácter educativo y otros más social, pero todos se caracterizan por incluir y requerir distintos saberes para su desarrollo.

No requieren de un espacio físico propio. El espacio del laboratorio debe ser atendido por mediadores y cada grupo configura un experimento de convivencia y auto-organización en su plan de desarrollo y en la manera que se discuten, se incorporan y se acreditan las contribuciones de los distintos colaboradores. El laboratorio ciudadano debe generar protocolos para la participación, un modelo que permita que cualquiera pueda incorporarse a los procesos de experimentación, sin importar su ámbito ni su grado de especialización.

¿Qué metodologías se utilizan en los laboratorios cívicos?

Las tecnologías de la información no solo ofrecen herramientas que facilitan la organización, la gestión, la documentación y la difusión de proyectos, sino que también han generado una variedad de prácticas como son las nuevas metodologías para la mediación de los encuentros.  En los últimos años han surgido una gran cantidad de nuevas maneras de organizar encuentros, actividades, debates y talleres en los que no hay un programa establecido sino que son los propios participantes quienes deciden activamente las actividades que los integrarán, haciendo uso en algunos casos de una comunicación y organización previa mediante plataformas online  como wikis, listas de correo o sitios de redes sociales.

A estas nuevas metodologías se les conoce como tecnologías de los espacios abiertos y se aplican en la organización de eventos de distinta naturaleza como las “desconferencias”2, BarCamps3 o hack meetings4.

Algunas metodologías se presentan como talleres que están orientados a la producción de proyectos que se llevan a cabo por los propios participantes en el encuentro:  startup weekends5, game jams6, open labs7, service jams8, hackatones, etc.

En América Latina, la Fundación Ciudadano Inteligente (Chile), por ejemplo, ha desarrollado todo un programa metodológico y de mediación para laboratorios cívicos, que ha sido aplicada en diferentes contextos y temáticas con éxito. También el Equipo de Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), tiene todo un programa en este sentido.

Por la naturaleza de producción abierta y colaborativa, los laboratorios ciudadanos demandan también nuevas prácticas de mediación que permitan que realmente sean espacios accesibles e inclusivos. La hospitalidad, la escucha y la conexión entre posibles participantes, son esenciales para el buen funcionamiento.

Otro elemento importante es la convocatoria abierta. Si bien, el desarrollo de un laboratorio ciudadano requiere el establecimiento de contactos con organizaciones, empresas, profesionales, investigadores, instituciones y otros actores vinculados a la temática a tratar, la convocatoria final debe ser abierta y ampliamente difundida, a fin de garantizar la inclusión y la participación diversa. La meta final en este aspecto, debe ser reunir personas y proyectos con distintos perfiles y procedencias, áreas de conocimiento, niveles de especialización, intereses, sectores, administraciones públicas y áreas.

De todo esto se deriva la importancia de contar en el equipo que desarrolle los laboratorios, con mediadores que ayuden a interconectar personas y proyectos.

En una segunda entrega me referiré a la importancia de este mecanismo para impulsar procesos de colaboración, en el marco del Gobierno Abierto y qué se está haciendo en Costa Rica.

Midiendo la atmósfera de la apertura: el Barómetro de Datos Abiertos

Ha sido lanzado hoy el Barómetro de los Datos Abiertos (Open Data Barometer), una iniciativa de la World Wide Web Foundation, en el marco de la Red OD4D. Este estudio tiene como objetivo conocer el verdadero nivel de adopción de políticas e iniciativas de datos abiertos en el mundo. Para ello , se analizan en él las tendencias globales y los datos comparativos de países y regiones, utilizando una metodología en profundidad que combina datos contextuales, evaluaciones técnicas e indicadores secundarios.

Barómetro

Este año, la tercera edición del Barómetro, analiza y clasifica la información de 92 países, con énfasis en tres aspectos.

Después de dos pilotos exitosos, esta edición marca un paso adelante en el camino a convertirse en una herramienta global de políticas, con un proceso metodológico participativo e inclusivo y un fuerte enfoque regional. Por primera vez, además incluye una evaluación de los países contra los principios de la Carta Internacional de los Datos Abiertos.

En Costa Rica, la investigación estuvo a cargo de nuestra organización, en la persona de Ignacio Alfaro y como parte de lo contemplado en la metodología, toda la información remitida por nosotros fue sometida a revisión de pares internacionales. En todos los casos, se brindó la oportunidad a los gobiernos de presentar una auto evaluación para contrastar los datos recolectados. En el caso nacional, esta no fue respondida.

Nuestro país se ubica en el puesto 44, con una calificación de solo 28.52 sobre 100. Desciende tres puestos con relación a la edición anterior.

 

BarómetroCR

Toda la información detallada, incluyendo la descarga del reporte de investigación, puede ser consultada en el sitio web del Barómetro de Datos.

Nos complace ser parte de esto y esperamos que pueda ser utilizado por organizaciones de sociedad civil, empresas y academia, para promover y exigir nuestro derecho a contar con iniciativas integrales, que respondan y promuevan la demanda y que estimulen la re utilización, entendiendo que el valor social de los datos abiertos no se genera con el solo hecho de crear una plataforma de publicación.

Está interesado en aprender más sobre datos abiertos? Síganos en Facebook y  en Twitter o bien, escríbanos a abriendodatoscr@gmail.com.

¿Querés aprender a trabajar con datos abiertos?

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¿Sos programador/a, diseñador/a gráfico/a, investigador/a, estudiante, periodista,…? ¿Tenés habilidades para el uso de tecnología digital? ¿Te encantan los datos, los números, las estadísticas? ¿Querés aprender sobre datos abiertos y cómo trabajarlos?

Si disponés totalmente de tres días (11, 12 y 13 de marzo) esta es tu oportunidad. En colaboración con Escuela de Datos, tendremos en esas fecha un campamento datero en el podrías aprender, con la asistencia de expertos/as, sobre datos abiertos, formatos, extracción de datos, sobre  limpieza y análisis de datos, visualización, contar historias con datos y más.

Si además te gusta el activismo  y disponés de tiempo, podrías resultar becado para recibir el entrenamiento a cambio de tu compromiso con los proyectos que impulsa nuestra comunidad.

¿Te interesa? Escribinos a abriendodatoscr@gmail.com. El cupo es limitado.

 

Gobierno Abierto no es un campeonato

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A raíz de la convocatoria que hiciera la Coordinación de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, en el marco del Encuentro Global, para que organizaciones de todo el mundo pudieran postular para un premio a personas que desde los gobiernos estén asumiendo un rol de aliadas en los procesos de cada país, hemos sostenido en los últimos días interesantes conversaciones con gente de diversos sectores que nos han hecho reflexionar mucho sobre lo que significa la colaboración y esta nueva construcción que llamamos gobierno abierto.

Muchas de las cosas que hemos discutido, tienen origen en un problema asociado al idioma: el significado de la palabra “champion”. Valga decir como paréntesis que el problema de la barrera idiomática no se limita solo a esto para quienes de alguna manera nos relacionamos con la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que abarca literatura y muchas otras áreas de la comunicación y conocimiento. Pero en el tema específico que nos ocupa, pareciera ser que se tiende a confundir el hecho de que alguien se considere un líder de procesos, proyectos o acciones específicas (que es a lo que alude ese vocablo en inglés en este contexto), con el considerar que un gobierno es un campeón, tal y como lo entendemos en español; es decir, que ya ha alcanzado todas las metas y que va a la vanguardia de los demás.

Tal y como se nos planteó, el espíritu del premio en referencia, es el de reconocer a los primeros: personas, programas o departamentos de gobierno que abracen los conceptos de co-creación junto a sociedad civil en acciones, fases, proyectos o temas que dentro del amplio espectro de “gobierno abierto”, se orienten a obtener avances en el proceso continuo que esto significa. Y fue en ese contexto que nuestra organización decidió postular a dos funcionarias del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de Costa Rica: la viceministra Ana Gabriel Zúñiga y su asesora, Francela Valerín.

Las razones para esta nominación  se dejaron claras en la misma: refieren al apoyo y el respeto que estas funcionarias han manifestado y concretado en espacios para que la participación de la ciudadanía en la co-creación del segundo plan nacional de acción de gobierno abierto a través de  las propuestas de compromisos de la iniciativa Yo soy gobierno abierto, fueran valoradas y evaluadas en igualdad de condiciones que las provenientes de gobierno. Esto podría parecer algo irrelevante, pero en el contexto de la elaboración de planes de acción a nivel latinoamericano, es digno de resaltar. Y tampoco ha sido un proceso “color de rosa”: ha habido y hay divergencias de criterios y posiciones qué defender desde todos los grupos inmersos en el proceso, así es y será siempre.

El gobierno de Costa Rica está lejos de ser un “campeón” de gobierno abierto. Tenemos más retos que logros para exhibir. Tenemos grandes desafíos, uno de ellos y en el cual aún mantenemos posiciones no del todo coincidentes, es el hecho de que nuestro país no cuenta con una ley de acceso a la información a pesar de que en el primer plan de acción se adquirió el compromiso de presentar un proyecto para tal fin. Ese proyecto se presentó y se encuentra en la Asamblea Legislativa y debe ser discutido a fondo. Este es un compromiso que no podemos repetir y entrar en la eterna proposición de proyectos, debemos discutir eso sí, que cumpla con los parámetros y principios internacionales. Costa Rica y Argentina son los únicos dos países de la Alianza para el Gobierno Abierto que  no cuentan con ley de acceso y eso nos pone en deuda. Este y otros temas que se han analizado en el seno de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto han desatado iguales debates.

Pero en ese contexto de construcción y camino por andar, es necesario identificar y reconocer a las personas, organizaciones, colectivos e instituciones que tienen la disposición y la decisión de asumir liderazgos que contribuyan a avanzar.  Las diferencias que podamos tener entre gobiernos, organizaciones, sector privado y academia deben convertirse en oportunidades para crecer y aprender a establecer nuevas formas de diálogo.

Ese es el espíritu de esta nominación que sostenemos y compartimos. Queremos reconocer líderes, no campeones, porque el camino hacia el gobierno abierto no es un campeonato.